Archive for abril, 2009

A propósito del proyecto del colegio de historiadores del Perú. por mario meza


 

He recibido un correo con un archivo acerca de la gestación de un colegio profesional de historiadores en el congreso de la república. Este proyecto viene desde hace un tiempo propuesto por una Asociación de Historiadores de la Región Sur de Arequipa e impulsado por un coterráneo suyo en el congreso, el sr. Juan Carlos Eguren del PPC. Personalmente nunca me agradó la idea de tener un ente burocrático que me supervisara (excepto mis asesores de tesis) en las labores de investigación histórica que aunque no muchas las tengo. Pero tal como dice el proyecto El Colegio de Historiadores tiene como fin “el correcto ejercicio de la profesión de sus miembros, dentro de criterios éticos, de libertad, legalidad y de interés público”. La verdad es que resulta fuera de toda lógica  pensar que la labor de un historiador, considerado por el susodicho proyecto como una labor “científica y humanista” pueda sujetarse a criterios éticos de libertad, legalidad y de interés público bajo pena de ser sancionado disciplinariamente según Estatutos del Colegio. Eso quiere decir que desde la dación de esa ley solo podremos escribir historias al gusto de los políticos o de aquellos que dicen representar el interés público, dictado por sabe Dios quién o qué censor público o privado, nombrado o autonombrado a sí mismo como un defensor de la ley o del llamado interés público. Si esto hubiera sido desde antes así nunca no hubiésemos terminado de escuchar la sarta de sandeces que poblaron las versiones “oficialistas” de la historia peruana que decían que la independencia en 1821 fue una labor exclusivamente peruana y donde todos los “peruanos” participaron entusiastamente a su favor o que la guerra con Chile fue una gesta heroica de las elites criollas cuando sabemos que en ambos acontecimientos hubo un vertedero de conflictos étnicos y sociales internos provocados precisamente porque los mismos peruanos nunca resolvimos nuestras malquerencias (Recordemos lo que dijeron Heraclio Bonilla y Karen Spalding en su tiempo, de hecho Bonilla anduvo perseguido por esto). La labor del historiador no es ser complaciente con versiones “nacionalistas” ni con ninguna otra, vengan de donde vengan, si no es por el tamiz mismo de la crítica y el debate público, no por la ley y el interés público como dice el texto en su artículo 4 incisos a y b. De ser así nunca hubiéramos avanzado en reconocernos como una sociedad con fracturas sociales profundas y enormes contradicciones que hasta hoy no se resuelven. El propio informe final de la comisión de la verdad y la reconciliación, un documento histórico que narra esas profundas desigualdades y conflictos sociales que llevaron a la sociedad peruana a dos décadas de violencia en el país, es un reflejo fiel de lo desgarrado que somos como sociedad para masacrarnos mutuamente y convertir a este país en un baño de sangre. Este documento a pesar de ser histórico historiograficamente hablando no ha creado el consenso para ser aceptado por toda la sociedad. ¿Hubiera necesitado esa comisión también la autorización gremial para no usurpar las funciones de historiadores y decir algo que complaciera a todo el auditorio? Ya vimos lo que respondió el antropólogo Carlos Iván Degregori en su calidad de profesional cuando fue cuestionado por el abogado defensor de Fujimori sobre la validez de sus opiniones en esa comisión al mismo tiempo que buscaba descalificarlo en pleno juicio de su patrocinado por dar sus opiniones por no estar afiliado a ese fantasmal Colegio de Antropólogos del Perú, para entonces Degregori dijo que más que antropólogo hablaba como un ciudadano muy bien documentado e informado.
 
Esto plantea una cuestión fundamental: ¿se necesita un permiso institucional para la construcción de la memoria? y si debe ser así (cosa que no creo) quién debe administrarla ¿solamente los historiadores? Más bien creo que la memoria y el pasado son muchos discursos que se construyen al calor de las contradicciones del debate público que no requiere más autorización que la polémica misma.  Esto me plantea además una segunda cuestión. Dice el proyecto que para investigar historia se requiere de titulación profesional y estar inscrito en el colegio de historiadores para evitar lo que se llama “el intrusismo profesional” (2º artículo del proyecto de ley). Esto desmiente ominosamente la larga lista de historiadores que se ensalza en el propio documento presentado, en las paginas 2 y 3, que señala precisamente que no eran historiadores profesionales quiénes construyeron nuestra identidad desde el pasado. Curiosamente todos ellos plantearon visiones discrepantes a la sociedad de su época y desde luego a la ética predominante de las buenas costumbres o del llamado “interés público”. Por eso el mestizo Garcilazo de la Vega terminó en un autoexilio en España porque no se le reconocía un espacio en la sociedad colonial, la obra del indio Guamán Poma fue olvidada en alguna biblioteca europea, el republicano radical Jorge Basadre Grohman respiró soledad intelectual durante su época de gran historiador, el propio novecentista José de la Riva Agüero terminó arrinconado por su propia clase social y solo pudo volver a a ella menos democrático y más autoritario que nunca, el comunista subversivo José C. Mariategui fue igualmente olvidado durante varias décadas hasta su recuperación cuatro décadas después. Y ¿que hay de quiénes quieran escribir historias consideradas poco patrióticas o que fueron subversivas en su momento (p.e. las historias del APRA en 1930 y 1940) o que quieran descubrir el maltrato oficial y socialmente legitimado dado a grupos étnicos minoritarios como los japoneses o los chinos apenas hace 60 años o explicar los fenómenos de la violencia política como Sendero Luminoso o el MRTA desde ámbitos que cuestionen muchas categorías oficiales que no los consideran “partidos políticos”?; o ¿como tratar la corrupción institucionalizadas en épocas muy recientes y que vayan más allá de la categoría del “pecado” (y no me refiero solo al fujimontesinismo)? Curiosamente en esto incide la riqueza historiográfica peruana, no es una hechura exclusiva de historiadores profesionales forjadas en esas instituciones universitarias en el sentido de lo académico y correctamente diplomado en alguna universidad y que en el caso peruano deja mucho que desear por lo reducidamente atrayente que resulta estudiar historia, o por la pobreza de recursos con que se cuenta para la investigación histórica y por la escasa calidad académica de los propios historiadores para plantear temas novedosos y realmente interesantes para la sociedad. Acaso ¿nos olvidamos también que hay excelentes historias contadas desde localidades y pueblos que enseñan y trasmiten de una generación a otra un modo de entender e interpretar el pasado que no tiene nada que ver con la ley y el interés publico oficial? Muchas de esas historias y de las buenas historias son rescatadas por historiadores no profesionales: maestros de escuelas públicas rurales y especialmente los propios protagonistas. ¿Que son sino los relatos de Rigoberta Menchú o Hilaria Supa? pedazos de historia con mucha fibra moral y sensibilidad por lo propio que nos abren mundos desconocidos a los historiadores “profesionales”. 
 
Entonces ¿a qué viene la colegiación profesional? Hasta donde sé son asociaciones profesionales que cumplen una función delegada por el Estado para ejercer actividades consideradas indispensables en el correcto funcionamiento del orden legal. Su carácter público lo entiendo como ejercicio de un orden legal que en el Perú siempre tiende a ser fragil y muchas veces contradictorio con la propia realidad y que no pocas veces ofende al ciudadano común promedio. Me pregunto si la construcción de la memoria es un patrimonio público sujeto a la ley ¿quién define el sentido de la ley? o peor aún, el interés público. La propia ética es un recurso retórico subvaluado especialmente por las clases dirigentes hoy en día, ¿podría solo un colegio profesional suplir esas carencias institucionales y a toda la sociedad? Al parecer ese es el gran debate de hoy cuando se habla de un Museo de la Memoria, dado que no se pudo olvidar a pesar que muchos impulsaron ese olvido de nuestro pasado reciente, el gobierno alemán nos invitó a cruzar el rubicón de esa indecisión y hoy se quiere corporativizar la memoria, sectores políticos conservadores de sociedad y de las Fuerzas Armadas quieren imponer sus condiciones en detrimento de la sociedad forzando a que dentro de un Museo de la Memoria exista una versión suya aparte de lo dicho por el Informe final de la CVR. Entonces resulta poco lógico en este contexto que la colegiación de los historiadores proponga corporativizar bajo el criterio de legalidad y del supuesto interés público o de eticidad la gran diversidad de memorias y de historias pertenecientes a la sociedad. Haciendo un parangón inverso a lo recientemente expuesto en un diario local sobre los títulos y diplomas (más cuotas y controles legales de una corporación) que otorgan calidad profesional a un representante, creo que la historia se hace más rica y profunda cuando ha sido precisamente más menoscabada por ser precisamente no aceptado y hasta diría subversivo.   
 
 El proyecto dice también que para reconocer la importancia de la historia como ciencia histórica y proteger a quiénes la ejercen como investigadores es necesario que exista el colegio profesional de historiadores que la promuevan y la protegan. Si están preocupados de ambos casos entonces propongan más museos, más recursos para la investigación desde las universidades y las instituciones públicas y privadas, ambos ayudaran a preservar las memorias y a valorar en su justa dimensión el trabajo de los historiadores, difundan la lectura de más investigaciones históricas, no por más burocracia que reparta permisos y autorizaciones nos acercaremos mejor a la sociedad ni se mejorará nuestra imagen, por el contrario, esta se deteriorará aún más. La gente desconfía de todo lo que huela a burocrático e institucionalizado sino vean a los abogados. En este proyecto los historiadores no son los favorecidos más bien se nos coarta la libertad de pensamiento y expresión en favor de pequeños grupos de poder que buscaran construir argollas y terminaran desprestigiando a nuestra carrera profesional sino vean a otros colegios profesionales  ¿dónde estuvo – y está – por ejemplo el Colegio de periodistas para sancionar a los “mermeleros” del fujimontesinismo?. 
 
Los criterios de proponer un Colegio Profesional para historiadores son anticuados, el mismo criterio de un Colegio Profesional corporativizador del conocimiento por una pretendida equiparación a otras profesiones como el de geógrafos, arqueólogos, profesores, antropólogos, sociólogos son errados, ni siquiera a estos se les reconoce el peso que supuestamente deben tener y sospecho que son por los mismos motivos que he expuesto para este caso.
 
Mario Meza
Historiador y antropólogo
         

Anuncios

Leave a comment »

mujeres y universidad en el Peru a cien años de la promulgacion de la ley 801


En noviembre del 2008 el Programa de Estudios de Genero de la Universidad de San Marcos (Lima-Peru) realizo una serie de actividades academicas y culturales en torno a esta fecha conmemorativa. Una de estas actividades fue la realizacion de una muestra grafica, fotografica y bibliografica titulada Cien Años de Mujeres en las aulas universitarias, la misma que se llevo a cabo en las instalaciones de la biblioteca central de la misma universidad y que llego a congregar una importante cantidad del alumnado universitario….

Leave a comment »