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¿Solos o (mal) acompañados? Los dilemas para construir una izquierda viable y radical en el Perú


Mario Meza Bazán.

Aprovecho el artículo de Hernán Maldonado para introducirme a un debate que se ha planteado con Juan Carlos Ubilluz; y, en la columna de Antonio Zapata,[1] acerca de las posibilidades electorales de la izquierda en el Perú, especialmente para las que se vienen en las elecciones presidenciales y del congreso en el 2016. Entre los principales puntos que se debaten aparecen:

1° La situación de fragmentación y debilidad de las diferentes expresiones políticas y sociales que se consideran de izquierda.

2° Las oportunidades que representan hoy los movimientos sociales en auge en provincias, que se enfrentan a los capitales transnacionales por el tema medioambiental; y, al cuestionamiento de las formas políticas de la clase política tradicional, que desde hace 25 años, ha encontrado en Lima, por ejemplo, un referente para la oposición a la gestión del alcalde Luis Castañeda Lossio.

3° La viabilidad de que haya en esa oportunidad de unificación por motivos electorales y en menor medida por convergencia política, la posibilidad de obtener si no buenos resultados por lo menos resultados satisfactorios, que levanten una auténtica posibilidad y esperanza de cambio en la conducción política de este país.

Hay un consenso entre los tres analistas sobre la fragmentación como un síntoma de debilidad del actual del proceso político de la izquierda peruana. Para Ubilluz, éste debería ser el momento para replantear las posibilidades de reconstitución de una izquierda con ideas genuinas de cambio en la política peruana, teniendo como punto de partida la soledad de la radicalidad que a la larga se convierta en una antorcha que amplifique perspectivas para una izquierda anquilosada por las continuas frustraciones de candidaturas que “traicionaron” la voluntad popular delegada en las ánforas en favor de una “democracia administrada” por los grandes poderes económicos. Claro, la soledad a la que se refiere Ubilluz es la política, porque por lo menos uno de los logros que ha conseguido, por ejemplo, Tierra y Libertad es crear desde el movimiento social medio ambientalista una conciencia ecológica, que le dará consistencia política en el largo plazo como fórmula de cambio alternativo.

Por otro lado, se presenta la posición de Antonio Zapata, que desde un planteamiento opuesto, considera que la suma de las minorías, por más consistentes que sean, no podrían alcanzar el mínimo de la opción realista que debe presidir siempre el ejercicio de la política: la obtención del poder. Desde esa perspectiva, plantea que las posibilidades de una minoría no han comulgado bien con ese agente mayoritario en el Perú desde la segunda mitad del siglo XX, y que ha venido inclinando la balanza de las diferentes elecciones en los últimos 35 años, que es el sector mestizo o popularmente cholo de la población. Desde esa perspectiva resultaría razonable que las diferentes agendas que hoy se manejan desde una mirada izquierdista, como son la reivindicación de la dignidad y la igualdad, se constituyan en elementos claves que cohesionen todas las demandas sociales, indigenistas, regionalistas, urbanas y de clases medias en un solo bloque mayoritario, capaz de derruir a los sectores oligárquicos de la sociedad.

Desde una tercera mirada, y complejizando ambas posturas, Hernán Maldonado plantea las dificultades para mantenerse en una postura principista, que no pocas veces ha derivado en posiciones sectarias y moralistas en el seno de la izquierda, pero que parece se hacen más intensas en el Perú de los últimos años. No es el caso de la dirigencia de Tierra y Libertad, pero sí de sectores que han mostrado rechazos a alianzas con el Frente Amplio, por ejemplo, por el tema del liderazgo en la Confluencia por la Unidad del Frente de Izquierda (CPUFI). En todo caso, si hay un escollo en la moral públicamente impoluta de algunos sectores de izquierda para mantener un proyecto político electoral de cambio en el corto plazo, es porque no han entendido, según Maldonado, lo que significa realmente la política y, específicamente, la política secularizada. Ludolfo Paramio identificaba un impasse similar con el comunismo europeo de la década de 1980, lo que se solucionó con el colapso del bloque soviético. ¿Qué tendría que pasar en Perú para que se supere esta desconfianza por el otro?

Un problema mayor, plantea Maldonado, sería que el debate en el seno de las izquierdas (antaño llamado el campo popular) es que no se han cumplido tareas que debieron haberse hecho tras 25 años del colapso de las izquierdas: definir proyectos, debatir programas, establecer propuestas concretas, convertir a actores emergentes y no emergentes (los excluidos de la sociedad) en protagonistas de la nueva cara izquierdista en el Perú. En todo caso aquí quiero conectar las diferentes propuestas que plantean los tres autores. En principio ¿qué actores son los que se proponen? Ubilluz y Zapata plantean la más amplia gama de los excluidos tradicionalmente de la arena política principal, (lxs campesinxs y nativxs y lxs migrantes mestizxs, fuera de todos los otros grupos como homosexuales, lesbianas, etc.) ¿Qué tienen en común? Aparecen en los medios como parte del coro, los que se manifiestan en las movilizaciones, en las marchas, los que aparecen golpeados, apaleados, detenidos, abaleados, asesinados muchas veces al margen de la cámara de Tv. o que son sembrados por alguna conspiración mediática para hacerlos aparecer como violentos. ¿Hablan ellos en nombre propio o del que sufre los efectos del “sistema”? La respuesta es obvia, pero profundicemos un poco más ¿Tienen proyectos? El más común y extendido: no haber sido nada durante años, ser alguien ahora ¿Qué programa define eso? Uno que los libere de las ataduras de la opresión y la humillación de la sociedad, que está aparejado con la desigualdad en la política, en la economía, en la cultura, en la escuela, en los servicios de salud, en el trato de la policía y de la administración de justicia, en la convivencia dentro de la familia, del hogar y en las instituciones que se dicen “tutelares” de la patria. ¿Es lírico, romántico,  revolucionario poco realista? ¿No está exento de contradicciones por ambicioso y por eso poco realista políticamente? Coaligar a las clases y grupos definidos por la opresión, es en sí una utopía, pero viable, porque es establecer un discurso y un imaginario legítimo donde todos deben tener cabida, sino no hay posibilidades de aglutinación colectiva coherente. El tiempo y la cooperación o, en su defecto, la tolerancia mutua, es lo que define la pervivencia de un proyecto de este tipo, no sólo su eficacia o eficiencia. Eso lo hace históricamente viable. Hasta Alan García lo entiende así cuando habla de un Frente Republicano. ¿Se podría objetar eso? Claro que no, sólo que en el caso de García y compañía ese frente está hecho para no cambiar nada, ellos no creen en todo lo dicho hasta aquí. Otra objeción ¿acaso no se inscriben todos estos buenos deseos, que son también operativos, en los postulados de todos los partidos políticos, del Acuerdo Nacional, de las constituciones políticas abolidas y vigentes y de los discursos políticos más sosos y convencionales? Aparentemente si, pero he allí el detalle, nadie osa cumplirlo.

Entonces se puede plantear una objeción más consistente a esta política de liberación ¿por qué todo esto que aparecería como muy bueno para un público que ha escuchado en plazas y calles o en la Tv y la prensa, en resumidas cuentas, en una campaña electoral, no podría ser práctico en el mundo real? ¿No fueron acaso Toledo, Humala y hasta el mismo Fujimori en su momento, las opciones de una mayoría silenciosa que convirtió en outsiders a candidatos aparentemente comprometidos con una mirada izquierdista los que traicionaron la voluntad de sus electores por una política más realista? La supuesta falta de viabilidad de estos buenos deseos no sería tanto la concreción o la congruencia de los programas dentro de un solo proyecto colectivo como nos sugiere implícitamente Maldonado en el final de su texto, y que explicarían en última instancia las rupturas entre las izquierdas colgadas de la mochila del líder triunfante en las elecciones, sino las acciones claras de los actores políticos y sus operadores, que en representación de la más variopinta colectividad, no hacen viable estas propuestas. Es la práctica real y las acciones de los actores la que viabiliza y da sentido a la palabra, no al revés (Marx dixit). Puede haber errores de concepto, de priorización, de ejecución y hasta de omisión, pero son las acciones consecuentes con la confianza de los electores que apostarían por ese frente (algo tan escaso en los últimos años), los que mantendrían cohesionados, en una gran mayoría no solo electoral sino política, a un proyecto de izquierdas que además debería pretender ser radical. Esta “realidad”, con que nos ha golpeado tras cada elección el pensamiento único conservador, podría tener un elemento de verdad, especialmente cuando los que han llegado al poder cada cinco años por la izquierda y se van de inmediato a la derecha, terminan envueltos en las telarañas de compromisos teñidas no pocas veces de corrupción. Este regalo de cínico “realismo político” es más un presente griego de las clases políticas, y especialmente de izquierdas, que han forjado durante décadas con su vaciedad doctrinal e ideológica las supuestas inviabilidades de un programa radical de transformación. Es la inoperancia de las izquierdas para organizarse, trasmitir y enseñar sus errores y fallos en la política peruana a las colectividades que dicen representar, son ellas las que han producido con sus deslices por los fallidos liderazgos populistas, la recurrencia al “realismo” político conservador de los candidatos que llegaron al poder por la izquierda y se fueron a la derecha. Son las fallas no subsanadas por las viejas dirigencias izquierdistas, que no han  cumplido con sus tareas  políticas, ideológicas y de transmisión cultural de sus errores y victorias (si es que las hay), lo que debería y no debería hacerse en política. Llenar ese vacío de los últimos 25 años de política izquierdista es una tarea pendiente que no se ha asumido con rigor y seriedad. Querer llenar esos vacíos cada cinco años con campañas electorales confusas y al compás del discurso ideológico dominante es una burla a su electorado, es sentarse sobre todo lo que reclaman hacer para en realidad no hacer nada viable al final.

La tragedia de las izquierdas es precisamente dejar de hacer en el campo y en el tiempo largo del movimiento social las tareas de difusión y enseñanza de valores y principios que debe guiar el razonamiento básico de una izquierda radical. ¿Cuál sería la tarea fundamental de una izquierda radical en el Perú de hoy? la construcción de vocabularios y prácticas de liberación de opresión y de humillación mediante tareas de empatías y formación de solidaridades e identidades de los oprimidos, que reivindique antes que todo justicia e igualdad ante la sociedad y la ley.[2] Sobre esa base ¿se puede entender la extrema necesidad de las alianzas coyunturales en las izquierdas para la obtención del poder del Estado? No, si antes no se piensa realmente cómo ese acceso al poder puede favorecer la recomposición de una opción política viable para los perdedores del sistema. Para muestra un botón, al margen de mis simpatías o antipatías por la fenecida gestión de Susana Villarán ¿alguien podría imaginarse una movilización por una obra malhecha, como fue la del Metropolitano, entre el 2002 al 2010, con una caída estrepitosa en las encuestas del alcalde Castañeda? Algo cambió en el electorado limeño entre el 2011 y 2015. Allí hay una lección para aprender y avanzar, para retomar desde una radicalidad de izquierdas una dirección utópica de liberación.

[1] Maldonado, Hernán “La posibilidad de una isla” en Ideele Revista Nº 249 En http://revistaideele.com/ideele/content/la-posibilidad-de-una-isla; Ubilluz, Juan Carlos “No a la gran coalición de izquierda” http://revistaideele.com/ideele/content/no-la-gran-coalici%C3%B3n-de-izquierda ; Zapata, Antonio “Coalición de mayoría o suma de minorías” en La República del 06 de mayo del 2015 http://www.larepublica.pe/columnistas/sucedio/coalicion-de-mayoria-o-suma-de-minorias-06-05-2015  

[2] Muchos temas se plantean aquí desde esa óptica; por ejemplo, ¿debe existir el mercado y el Estado? Si fuese así ¿cuáles deberían ser sus roles en la sociedad? ¿cuál debería ser el compromiso del Estado frente a la sociedad; por ejemplo, con temas como el medio ambiente, la desigualdad, la inequidad, la opresión, la Globalización? ¿Qué tanto podrían hacer los movimientos sociales en auge para erosionar ciertas supuestas verdades actuales; y, cómo podrían apoyar los cambios que deben operarse dentro del Estado? Todo eso da para debates que nadie en el espectro político actual ha asumido con seriedad; y, que en las izquierdas apenas se mencionan para no molestar a los sectores conservadores, que por cierto, hoy son una mayoría relativa, empezando por el electorado fujimorista, ese otro actor político que las izquierdas no han comprendido o se han rehusado a comprender hasta hoy.

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La incursión de las mujeres a los estudios universitarios


Artículo publicado en Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija

Universidad Carlos III de Madrid

CIAN Vol 15, No 1 (2012)

Resumen

El artículo expone cómo las primeras universitarias de fines del siglo XIX y principios del siglo XX dieron los primeros pasos para la inserción de las mujeres en la vida pública profesional. Para la autora este proceso se sitúa dentro de la lucha de las mujeres por la ampliación de sus derechos civiles. La investigación describe las dificultades institucionales, socialesy culturales para superar los roles de género asignados a las mujeres dentro de la sociedad así como para obtener el reconocimiento del ejercicio profesional. De este modo la presencia de las mujeres en la Universidad resalta cuáles eran las posibilidades y limitaciones de la incorporación académica de las mujeres en la sociedad.

Palabras clave: educación, mujeres, universidad

Abstract: This article describes how in the late nineteenth century and the early twentieth century the first university women started out their public professional life as part of the women inclusion in the society. For the author this process lies in the struggle of women for the achievement of their civil rights. The research has allowed showing the institutional, social and cultural difficulties that women had to overcome gender roles assigned in the society as well as to obtain recognition in the professional practice. Along these lines the presence of women at university emphasizes what were the possibilities and limitations of women’s formal incorporation into the society.

Key words: education, women, university

Texto completo

http://hosting01.uc3m.es/Erevistas/index.php/CIAN/article/view/1544/658

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Las paradojas de la actual violencia política en el Perú: los Sendero- VRAE


Autor: Mario Meza

Si tenemos que hablar de una actual violencia política en el Perú el caso del secuestro de los trabajadores de KEPASHIATO en Echarate, región Cusco, nos puede dar una idea de qué se trata ante una nueva forma de lucha armada que combina política, secuestro y negocios. Véase http://idl-reporteros.pe/2012/04/12/columna-de-reporteros-74/. El interés es controlar zonas estratégicas que proporcionen bases territoriales no para hacer la revolución, sino para afianzar poderes locales armados que compitan con el Estado en la imposición de un dominio en esas zonas basadas en la violencia para la obtención, por la extorsión y el chantaje a esas mismas autoridades públicas y a las empresas de la zona, de fuentes de financiamiento para sus organizaciones armadas. De allí la primera paradoja de estas organizaciones armadas “revolucionarias”  en los Valles de la Región Apurimac – Ene (VRAE). No se limitan a proteger sus bandas armadas sino que buscan sobrevivir del narcotráfico y de los poderes a los  que supuestamente quieren destruir. Esto es nuevo, incluso el viejo Sendero Luminoso, que impuso en las zonas del naroctráifco cupos a los capos de la droga y a los cocaleros para sobrevivir, no se atrevía a secuestrar empresarios y autoridades para obtener ventajas económicas.

La segunda paradoja es que si bien esta práctica antes descrita no aparece en Sendero Luminoso (SL) no es una práctica nueva en la historia de la violencia política peruana; por el contrario, es una práctica vieja del bandidismo puro, mondo y lirondo, y eso le quita la aureola antisistemica o insurreccional del que podía preciarse cualquier movimiento revolucionario. Aún así las propias guerrillas latinoamericanas entre los años 1970 y 1990 y las FARC aun lo usan. Los Sendero VRAE quieren saltar esta práctica a un nuevo nivel en su estrategia de afianzamiento en una región que ya dominaban por el narcotráico y el refugio de jovenes desarraigados de cualquier posibilidad de desarrollo en la sociedad legal.

La tercera paradoja es que si estas prácticas no tienen nada de insurreccionales, revolucionarias o antisistemicas, proveé de motivos y argumentos al poder estatal y a los poderes económicos para reprimir toda forma legítima de protesta social. ¿Cuál es el punto de contacto entre lo uno y lo otro? Esta es la cuarta paradoja. La ideología que este Sendero VRAE utiliza ahora, aunque aparentemente insurreccional y “reivindicatorio” del derecho de las poblaciones locales de la zona frente al Estado y a la gran empresa, especialmente para las actividades extractivas, no busca en realidad hacerle justicia alguna, menos aún, busca beneficiarla con sus acciones, lo que busca es apantallar sus fechorías con motivos políticos. De allí porque les resulta bastante lógico ser condescendientes con las empresas que atacan y con el poder estatal al que también atacan y matan selectivamente, tanto a soldados y oficiales del Ejército como ahora hacen con el secuestro de civiles.

Esto nos lleva a una quinta paradoja. La mentalidad pragmática empresarial propia de una época como la que hoy vive el Perú, ha penetrado en todos los ordenes de la vida y hasta en los grupos armados supuestamente “insurreccionales”. Esto le confiere un signo original a los Senderistas del VRAE, son grupos armados no insurreccionales pero con poder real, que partiendo de la lucha armada, el narcotráfico y ahora del secuestro de civiles ha logrado trascender también  las viejas señales del bandidismo típico de países con estados debiles, para saltar un nuevo nivel de ilegalidad, donde lucha armada, narcotráfico y secuestro se confabulan para afianzar poderes armados locales con poderes de negociación y probablemente, con alguna aceptación social en la zona.

Estos últimos hechos exigen no solamente una respuesta militar represiva sino también una estrategia política de inserción del Estado y de la sociedad peruana en su conjunto para esa zona, abandonada por todos, excepto por los senderistas VRAE. Esto nos lleva a una sexta y última paradoja. Si bien lo que está en juego en esa zona es algo que ya sabíamos desde mucho antes, que unos remanentes senderistas con vínculos con el narcotráfico, buscaban perpetuar un negocio ilicito disfrazado de ideología y solo eso era un motivo de preocupación para saber quién dominaba  esa zona, lo que se juega aquí es algo más trascendente: es quien puede ofrecer un modelo de vida y un gobierno que satisfaga las necesidades de la población no solo desde el dominio efectivo del territorio y la población sino como modelo moral de vida. A la larga el Sendero VRAE está ofreciendo a las poblaciones que no sienten nada del de desarrollo obtenido en el país en los últimos años, un modelo de vida ilegal pero no por eso menos rentable que cualquier actividad licita. Las ventajas de vivir del negocio de la droga, los secuestros y la violencia política armada agregada a otras formas de violencia como las que se dan en las grandes ciudades, especialmente con los jovenes, han sido el detonante en otros países como México, Brasil, Centroamérica, Venezuela o Colombia para convertir a la delincuencia común y política en un problema central en el ambito de la seguridad nacional, problema que en este momento que escribo este artículo, se está debatiendo desde el tema del narcotráfico en la cumbre de las Américas, en un problema de seguridad hemisférica. ¿Tiene el Estado peruano alguna estrategia para afrontar esta nueva realidad? Al momento que termino de escribir estas lineas me entero que los senderistas del VRAE soltaron a los 36 secuestrados de Echarate… Pero el problema sigue allí.

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El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y las Fuentes de la Revolución en América Latina


Autor:  Mario Miguel Meza Bazán.

Texto leído para la defensa de la tesis doctoral en Historia en El Colegio de México en México DF el 18 de enero del 2012 ante el jurado conformado por el doctor Francisco Zapata Schaffeld (Presidente), el doctor Marco Palacios Rozo (Primer Vocal) y el doctor Ariel Rodíguez Kuri (Vocal Secretario).

1.- El tema: la tesis nació en el contexto de los estudios de la violencia política y la lucha armada entre los movimientos de izquierda radical posterior ala RevoluciónCubana en América Latina.  En Perú este fenómeno está vinculado también con otros hechos y procesos, que corresponden a su propia historia nacional. En la parte introductoria de esta tesis he asociado la violencia y la política en América Latina contemporánea y/o moderna, con procesos que se remontan a hechos de larga duración, y que tienen que ver: con la constitución de los Estados Nacionales; la constitución de sus formas políticas institucionales a través del conflicto y la violencia; el significado de la legitimidad de la violencia entre determinadas prácticas políticas, entre las que destaca el papel de los regimenes autoritarios y dictaduras civiles y/o militares; la introducción de ideologías y organizaciones de izquierda, entre las que destacan también los partidos nacionales y socialistas antioligáquicos y antiimperialistas, con alguna raigambre popular (populismos) o entre determinadas elites. Otros elementos que emergen en la tesis es la introducción y el aprendizaje de la política comunista y las vinculaciones de estos movimientos de izquierdas con la política de masas; la incorporación de las Fuerzas Armadas (FFAA) en la construcción de lo nacional; y, finalmente, como todos estos elementos, que han venido a construir un tipo de práctica específica de la política insurreccional latinoamericana, se halla concentrada en un solo caso específico en Perú: el llamado Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, más conocido por sus siglas como MRTA.

El Colegio de México

2.-  Desde esta perspectiva, la tesis se inscribe dentro de esa serie de estudios sobre la violencia política peruana en las décadas de 1980 y 1990, que enfatizan la descripción del fenómeno de la violencia política como procesos y hechos acontecimentales en un contexto histórico mayor. Sin embargo y al revés de esos estudios, la tesis se concentra en exponer una historia política no contada con precisión por quiénes estudian la violencia política peruana. Usualmente se presupone que la insurrección del MRTA está inscrita en una coyuntura marcada por la violencia política o la guerra interna habida entre el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso (PCP SL), el Estado y la sociedad civil en medio. El MRTA es solo un agregado irrelevante en esta historia “oficial” de la violencia política o guerra interna. En esta tesis el estudio del MRTA es el estudio de un movimiento armado de la izquierda radical no senderista que posee los rasgos de una violencia política específica vinculado a los patrones políticos y culturales de la violencia política en el Perú y en el continente latinoamericano entre 1980 y 1997. En otras palabras, la historia del MRTA no es una historia menor de la guerra interna en el país o un caso más de la larga lista de movimientos armados en el continente, es una historia política de la guerra y la violencia en el Perú con raíces en un contexto cultural latinoamericano de la violencia.

3.- En este escenario historiográfico, la violencia política peruana expuesta en la tesis resalta el significado de las tradiciones insurreccionales como decisivas en el moldeamiento de los grupos armados. Desde los jóvenes apristas insurrectos y comunistas radicales en las décadas de 1930 y 1940; la renuncia y el desencanto de estas jóvenes generaciones izquierdistas de sus partidos madres; el impacto y la recuperación por esas tradiciones insurreccionales con las luchas armadas  guerrilleras de 1960; y, la necesidad de los militares por transformar la nación bajo la legitimidad de una “revolución  nacionalista” con ingredientes movilizadores populistas, se procesa el impacto paradójico y profundo de las reformas velasquistas que posibilitaron el ensanchamiento del espacio para las izquierdas junto con una persistencia de estos movimientos por una vocación insurreccional en la política peruana (la tradición insurreccional), que llevó a las propias FFAA a legitimar por sus acciones más que sus palabras el significado del término revolución. La revolución entendida como acción armada justa y transformadora de la sociedad hegemónica y dominante de las clases altas u oligárquicas. En este contexto, proponemos que el peso de las tradiciones insurreccionales puso a prueba no solo a las izquierdas insurreccionales que se levantaron en armas en 1980, sino a todas las izquierdas legales que apostaron ese año por la lucha electoral hasta su derrota en la década de 1990.  También enfatizamos en la tesis la propuesta de la existencia de un espacio cultural revolucionario que trascendió algunas generaciones desde la década de 1930, y que concluyó en 1990 con la derrota del PCP SL, el MRTA y de las propias izquierdas legales.

4.- Desde estos puntos de vista iniciales planteamos como hipótesis que la existencia de esa persistente tradición insurreccional en la  política peruana, encontró con las transiciones del régimen militar postvelasquista a la democracia de 1980, elementos que potenciaban más esa tradición. Entre esos elementos podemos encontrar la amenaza de retroceso a las reformas velasquistas y persecuciones del régimen militar postvelasquista al movimiento laboral sindicalizado a fines de la década de 1970 y principios de 1980, el reactivamiento y potenciamiento de las viejas tradiciones insurreccionales en países de Centro y Sudamérica y, especialmente, el surgimiento de un movimiento armado como fue el PCP Sendero Luminoso en 1980. Entre ambos procesos: tradiciones insurreccionales y amenazas a las izquierdas y a los sectores sindicales en la transición, el factor insurreccional senderista se sobrepuso a todas las coyunturas de crisis de las reformas y amenazas a las izquierdas, las mismas que empujaron a diferentes grupos, militantes e individuos simpatizantes con la acción armada no a incorporarse a PCP SL, que venía de otras realidades geográficas, étnicas y culturales,  sino a continuar con la tendencia propia de izquierdas dispersas y fragmentadas para organizar la lucha armada propia.

5.- Si bien el desafío senderista puso el mayor de los desafíos a la democracia representativa y electoral que entraba además afectada por una severa crisis económica y social; el otro gran desafío de SL fue directamente hacia las izquierdas revolucionarias que terminaron, en una buena parte de los casos, transando y legitimando con su participación la validez de la democracia institucional de 1980, avalando un regimen político que decían combatir. Fue bajo esta coyuntura específica que las diversas izquierdas insurreccionales no senderistas pero creyentes en el sentido transformador de la revolución armada tomaron el desafío senderista para agruparse en el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, que saltó a la lucha armada recién en 1982. La intención del MRTA en este contexto fue hacer su propia revolución, no eliminar la revolución senderista.

6.- A partir de entonces hemos planteado entre 1982 y 1997 cuatro periodos de actuación:

A.- Insurrección y guerrillas: 1982- 1987

B.- Derrota estratégica: 1987- 1990

C.- Reconstitución política – militar: 1990- 1992, y

D.- Derrota política militar, 1992 – 1997.

Los mismos que se plantearon en varios escenarios regionales del país: en el norte (Amazonas, Cajamarca y Lambayeque) en el sur (Cusco y Puno), en el centro (Junín y Huánuco) y nor-oriente (San Martín y Ucayali) y en Lima provincias y en la ciudad capital.

7.- Las principales conclusiones que se desprenden de la tesis es que las tradiciones insurreccionales como cualquier tradición nacen, crecen, se desarrollan y se agotan; la tradición insurreccional izquierdista en Perú y América Latina caracterizadas por guerrillas y luchas armadas, no escapan como un modo de actuación política a esa situación; y sin embargo y a pesar de ello, el mantenimiento de la legitimidad de la violencia en la cultura política ha podido conservarse en otros niveles y espacios de la sociedad, tales como el carácter represivo del Estado o las luchas de diferentes actores y grupos que buscan conservar o ampliar sus espacios de poder desde diferentes capas de la sociedad. La dimensión insurreccional del MRTA expresa en este sentido un carácter lógico e histórico de una tradición política de la violencia, que se gestó en décadas como parte de una historia previa de represiones e insurrecciones. En ese contexto los aspectos más notables de una guerrilla insurreccional y revolucionaria de izquierdas como la del MRTA fue  intentar conservar un espacio diferenciado de la violencia revolucionaria con respecto a la insurrección senderista. Su diferencia en métodos, estrategias, ideologías organizacionales y en la composición misma de sus militantes y de sus liderazgos, nos señalan que el MRTA hablaba un dialecto de la revolución con respecto al idioma hegemónico y avasallador senderista. En ello se puede notar las voluntades de las organizaciones armadas para distinguirse politicamente entre sí hasta llegar en determinados momentos y espacios geográficos a enfrentarse y liquidarse mutuamente. Sin embargo habla también de las distinciones y composiciones sociales, étnicas, raciales, regionales y geográficas que primaban en las organizaciones insurreccionales por sobre las conciencias de sus militantes y lideres. A la larga, la historia del MRTA y sus distancias, acercamientos y conflictos con Sendero Luminoso, como con el propio Ejército y la población civil durante el conflicto armado interno habla de las relaciones ambiguas y ambivalentes que caracterizan la fragmentación y el conflicto que atraviesa fuertemente a la sociedad peruana. En esta dimensión podemos señalar que el principal aporte de la tesis es rescatar del olvido, la confusión y la banalización de la violencia política de un grupo armado que aunque no fue significativo por su impacto en la destrucción material y en la tasa de víctimas de la violencia interna, sostuvo una lógica específica de la violencia armada en Perú y América Latina.

Una versión sintetizada de la tesis doctoral se encuentra en el documento titulado “La experiencia insurreccional del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru” presentado en El Grupo Memoria en el local del Instituto de Estudios Peruanos el 15 de diciembre del 2011: http://es.scribd.com/doc/79597327/Mario-Meza-La-experiencia-insurreccional-del-Movimiento-Revolucionario-Tupac-Amaru También se puede encontrar en la pagina del Centro de Estudios de los Movimientos Armados (CEDEMA) http://www.cedema.org/ver.php?id=4867 y los c0mentarios, preguntas, respuestas y el debate de los participantes en la mesa del Grupo Memoria cuyo principal comentarista fue el Dr. Nelson Manrique en http://www.iep.org.pe/gm/exp_insurrec_mrta.pdf

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CIEN AÑOS DE MUJERES UNIVERSITARIAS EN EL PERÚ. 1908-2008


Texto preparado para la exposición realizada en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Programa de Estudios de Género. Del 10 al 28 de Noviembre del 2008.[1]

  Odalis Rocío Valladares Chamorro. Bachiller en Historia.

 La generación de mujeres ilustradas

 En los años posteriores a la independencia de España la escena política en el Perú estuvo marcada por las tensiones entre caudillos militares. Era una sociedad violenta, donde las instituciones no lograban un grado aceptable del monopolio de la violencia legal. Esto inhibía las posibilidades educativas de las mujeres, lo que determinó también el escaso acceso a la escritura y a los espacios públicos que, además, eran bastante precarios. Sin embargo, las mujeres encontraron maneras de romper las ataduras domésticas, y buscaron espacios en los intersticios del patriarcado.

 Una de las varias expresiones de este proceso fue la proliferación de la producción escrita en la ciudad y de las publicaciones de autoras.

 En las veladas literarias las mujeres escritoras fueron un ingrediente básico para la formación de la opinión pública peruana, y el motivo central que éstas abordaron en ellas fue la independencia femenina. La inclusión de las mujeres no como objeto sino como sujeto de debate, resignificando la experiencia del pasado y del futuro a través de sus propias rebeldías. Las veladas literarias, auspiciadas apasionadamente por mujeres como Juana Manuela Gorriti, y por Clorinda Matto luego, son expresiones de las relaciones entre escritura e individualidad. Esto va al lado de la emergencia de las aspiraciones de autonomía femeninas en el horizonte de la cultura pública.

Juana Manuela Gorriti. 1818 - 1892

                                 

Clorinda Matto de Turner. 1852 – 1909

 La recuperación del Perú de la derrota de la Guerra del Pacífico coincide con una excepcional actividad de las mujeres a favor de la educación secundaria femenina. Tal actividad propició la fundación de numerosas escuelas y colegios femeninos laicos, así como la aparición de crítica cultural y publicaciones periódicas orientadas a la difusión de la importancia que tenía para el país y para las mujeres la expansión de la escolaridad.

Mercedes Cabello de Carbonera. 1845 - 1909

Teresa Gonzales de Fanning. 1836 – 1918

 1908: La apertura de la Universidad a las mujeres

 “En los albores del siglo pasado, habría parecido una osadía, el que la mujer pretendiera, en el Perú, ingresar a la Universidad, lugar dedicado a los eminentes varones, quienes con su talento y luces, se encargarían de sostener las grandes verdades de la ciencia.

 Nuestra Universidad Mayor de San Marcos, tuvo siempre un carácter eminentemente conservador, y así fue como se sostuvo una especie de barrera para la mujer, de quien se afirma a cada paso, que no debía profundizar mucho en sus estudios porque corría el grave riesgo de debilitar su fe; y para mantenerla en el culto exclusivo del hogar, y en su obediencia sumisa al hombre, debía ser un tanto ignorante (…)

Permisos del Congreso de la República autorizando el ingreso y la matrícula de estudiantes mujeres en la Universidad. 1899 y 1902

Ha sido indudablemente en el siglo que vivimos, cuando el impulso de la mujer peruana, ha llegado a hacerse irresistible, y sin reparar en ninguna de las formas presentadas, para crearle atajos, los ha vencido y consigue ser admitida sin reparos de ninguna clase (…)

 Cada año acrece, no sólo el número de graduadas, sino el contingente de matriculadas de distintas facultades, lo que habla muy alto de la mujer moderna, que prefiere apartarse del dominio exclusivo de las frivolidades y de las minucias sociales (…) para dedicar su inteligencia a los escarceos, en que se marcha de frente, hacia la luz que conduce a alcanzar la conquista de la verdad.”

 En: García y García, Elvira. La Mujer Peruana a través de los siglos. 2do Vol. Lima: Imprenta Americana, 1924-1925.

Las primeras universitarias

 El ingreso de las mujeres a la universidad, no sólo ha significado la conquista de un derecho fundamental, sino también la ampliación de los campos de desarrollo intelectual y cultural para las mujeres.

 Que las mujeres participen activamente -y no sin obstáculos, muy a pesar de sus luchas- en la producción de saberes dentro de la universidad, no sólo es medible en cuanto a igualdad con los hombres se refiere, sino sobre todo constituye la búsqueda de libertad: Hacerse forjadoras de sus propios destinos.

D.L. 801 Permite el libre ingreso de las Mujeres a la Universidad

                                   

  

Han sido 100 años fructíferos para las mujeres en la universidad, y de eso da cuenta la amplia gama de disciplinas desde las cuales han creado pensamiento y práctica académicos y políticos. Hemos intentado en esta parte de la muestra, plasmar a través de fotografías generosamente prestadas por el Archivo de Relaciones Públicas de San Marcos, la pluralidad de campos donde se han desarrollado las mujeres desde  aproximadamente la década del 50 hasta el presente en nuestra universidad. Pluralidad que deseamos resaltar contra todo encasillamiento genérico que afecta la recepción de las creaciones intelectuales y artísticas de las mujeres.

Mujeres y universidad hasta la actualidad

El proceso del ingreso de la mujer a los estudios universitarios se dio en un clima de debate sobre la capacidad intelectual que la mujer tenía para el conocimiento y el rol que debía cumplir en la sociedad. Sin embargo a pesar de las opiniones encontradas al respecto, en el Perú  fueron varias las mujeres que pudieron realizar estudios universitarios, entre los casos más destacados de mujeres que siguieron estudios universitarios antes 1908, año en el que se promulga la Ley 801 que permite el acceso a los grados académicos para las mujeres, podemos mencionar a María Trinidad Enríquez quien ingresó a la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Cusco en 1875, convirtiéndose en la primera mujer en ingresar a una universidad, aunque no llegó a graduarse debido a la imposibilidad que tenían las mujeres en ese entonces para ejercer derechos políticos, privilegio concedido sólo a los hombres.

En la Universidad de San Marcos destacan Margarita Práxedes Muñoz, quien en 1890 se convirtió en la primera Bachiller en Ciencias con la tesis titulada “La unidad de la materia o identidad de origen de los reinos inorgánico y orgánico”, Laura Esther Rodríguez Dulanto la primera doctora en Ciencias y primera mujer médico-cirujano y la doctora Leopoldina Gaviño Matías esposa de Enrique Guzmán y Valle.

Margarita Praxedes Muñoz. Primera bachiller en Ciencias. 1890

Laura Esther Rodríguez Dulanto. Primera médico cirujano. 1900

                                    

En el campo de las letras destacan Esther Festini de Ramos Ocampo, la primera doctora en Letras  con la tesis titulada “Cuestiones relativas a la educación femenina” y María Elvira Rodríguez Lorente, sobrina del ilustre Sebastián Lorente, así como la pedagoga María Luisa Molinares de Reátegui directora del Instituto para señoritas Molinares.

Esther Festini de Ramos Ocampo. Primera doctora en Letras. 1904


[1] Las fotos fueron tomadas de la revista Variedades; del texto de Elvira García y García La Mujer Peruana a través de los siglos. 2do Vol. Lima: Imprenta Americana, 1924-1925; y Del Olvido a la Memoria. Mujeres Peruanas de 1860 a 1930. Historia Gráfica. Lima. 2003.

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Estado vacío, violencia social e identidades étnicas en el sur andino


Por: Mario Meza Bazán.

Historiador.

Los eventos de la última semana en Junín, Huancavelica y especialmente en Puno dejaron muchos destrozos y muertos que nos hizo recordar recientes tragedias por motivos parecidos. Así, mientras los noticieros y los programas de análisis de la televisión seguían la noticia en su dimensión sensacionalista y corto placista de los hechos, sindicando la violencia dentro del desborde de demandas secularmente insatisfechas y a la conocida inacción del Estado, muchas interrogantes se cernían sobre lo que estaba sucediendo en el país.

La carta de la socióloga, empresaria y ex militante de Izquierda Unida en la región de Puno, Martha Giraldo, nos dio una luz panorámica de lo que vino sucediendo en esa región diez dias antes de la toma y destrucción de Juliaca http://blog.pucp.edu.pe/item/136710/http-lamula-pe-2011-06-26-puno-en-la-encrucijada-por-martha-giraldo-esteban2500. Entre líneas se puede leer en la misiva dirigida a su entorno amical, cuáles han sido los efectos de la exclusión y el olvido del país formal articulados en el largo plazo con la construcción  de identidades étnicas radicalizadas a través de la violencia, todo ello con el fomento de un racismo invertido hacia las elites dominantes que no es propio solo de la región Puno. El artículo de Ricardo Uceda, salido ahora en la revista Poder “Puno a prueba de fuego” http://www.poder360.com/article_detail.php?id_article=5701HYPERLINK “http://www.poder360.com/article_detail.php?id_article=5701&pag=1″&HYPERLINK “http://www.poder360.com/article_detail.php?id_article=5701&pag=1″pag=1 señala de una manera más ordenada y más detallada la secuencia de hechos cronológicos que se venían anunciando, en plena coyuntura electoral de marzo del 2011, y que llegó a amenazar incluso con la viabilidad del triunfo electoral del candidato Ollanta Humala. El artículo subraya sin embargo una antigua historia de oposiciones antimineras que databa desde el 2008 y que no se reduce a un enfrentamiento entre pueblo y autoridad sino que peor aún, muestra las fragmentaciones locales que llevan a una intensificación del conflicto entre la propia población. ¿Qué pasó entonces para llegar otra vez a un punto donde la historia cierra siempre un ciclo para abrir otro en algún otro punto del país sino en el mismo lugar de los hechos?

 

El asunto de fondo que envuelve el maremágnum de estas movilizaciones con una violencia incrementada no es difícil de identificar. Hay por lo menos tres pilares básicos de la movilización de la población protestante que termina finalmente en violencia y muertos, ellos son: la ausencia de un Estado que renunció hace tiempo a poner un orden en una región totalmente abandonada a su propia dinámica informal; la legitimación de la violencia como un modo normal de actuación para ventilar y resolver problemas locales; y, el fomento de discursos étnicos y raciales que activan y sostienen prolongadamente la razón de sus demandas no atendidas por el Estado y las autoridades más inmediatas al problema.

El abandono del Estado es un hecho secular. Desde fines de la colonia y a raíz de la declinante hegemonía de la minería de plata en la región, esta pasó a ser reemplazada por la actividad ganadera y las actividades subsidiarias de la agricultura de subsistencia de muy bajo valor, con una minería de pequeña escala. Las conexiones con Bolivia significaron sin embargo, desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX, un fuerte auge del comercio de lanas de alpaca y de importaciones manufactureras que llegaban de los puertos de Arica, Islay y Mollendo, a través de casas comerciales inglesas asociadas a elites comerciales arequipeñas, cusqueñas y puneñas. A mediados del siglo XX los nuevos migrantes mestizos de Juliaca ocuparon el lugar de los comerciantes foráneos, vinculando los productos de los propietarios de haciendas de pastoreo que se disputaban con las comunidades indígenas ganaderas una buena parte del comercio lanar en la región, cimentando un comercio sólido en la región a extramuros del Estado. En medio de las intensas competencias de sectores compartimentados de la economía el poder del misti o mestizo cholo que dominaba al indio, mediará como máximo referente de la autoridad local ante la injerencia de cualquier presencia externa pública o privada, estatal o no estatal, para seguir explotándolo o reivindicándolo ante el centralismo limeño o de las grandes ciudades como Arequipa y Cusco. El Estado en este contexto solo era una cáscara vacía llenada por un poder local cuya función de conectar al indio con el mundo, que se convertirá en la década de 1970 en campesino, en una tarea poco menos que fracasada.

Paradójicamente la reforma agraria del Estado velasquista no llegará efectivamente allí para el campesinado sino hasta la década de 1980, con el partido aprista en el poder estatal, la Izquierda Unida en el gobierno regional y Sendero Luminoso disputándole a ambos todo el poder. La presencia de las ONG de desarrollo vinculado al desarrollo local y a la Iglesia Católica más el escaso protagonismo del MRTA en zonas mineras donde Sendero no llegó, empujarán la lógica de la crisis económica y la guerra interna contra el Estado en todo el departamento. En este escenario el hundimiento de la posibilidad de construcción de una sociedad rural comprometida con el estado de derecho y de la ciudadanía se consolidó finalmente con la década fujimorista. Será precisamente en la década de 1990 cuando el Estado central se hará presente por primera vez usando el clientelaje masivo para repartir recursos y bienes a una población rural excluida secularmente. Las reglas de la reciprocidad y la dádiva presidirán las mediaciones del poder con electores que votaran con el pragmatismo lógico y agradecido de la sobrevivencia. La activa presencia personalizada del poder prolongará el abandono de la población a favor de sectores altamente ilegales del contrabando, los cultivos ilícitos de coca, de producción de cocaína y una minería crecientemente informal y violadora de derechos humanos, laborales y ecológicos.              

La violencia se convertirá en este escenario fragmentado por el abandono y la ilegalidad en un elemento dominante de la población para la interrelación entre comunidades campesinas, poblaciones urbanas, la autoridad provincial y regional. El propio Estado empleará grandes dosis de violencia para reprimir indígenas insurrectos contra mestizos y blancos. La violencia política será sin embargo el elemento más destacable en los años de convivencia con el Estado. Desde la rebelión de los comuneros indígenas de Huancané liderados por el liberal y primer luchador indigenista Juan Bustamante entre 1867 y 1868, de Teódomiro Gutiérrez Cuevas influido más por las doctrinas sociales de la iglesia metodista que por supuestos anarquistas, este último lideró entre 1914 y 1915 una rebelión indígena contra los gamonales y hacendados de Huancané y Azángaro. El supuesto pedido de un retorno al país de los incas pintará sin embargo un horizonte ideal de mundo feliz que difícilmente los indígenas podrán aspirar sin la aceptación previa de que las rebeliones antigamonales, presentes en toda la década de 1910 y 1920, serán necesarias como arma de lucha. Las décadas siguientes serán sin embargo de una creciente transformación de los escenarios locales condicionados más por el crecimiento demográfico y los desastres naturales que por una guerra de castas. Estos eventos  incidirá en el desplazamiento del campo a las ciudades más pujantes como Puno y Juliaca. Las regiones más al sur identificados como aimaras tales como Chucuito, Collao y Yunguyo conservaran sin embargo sus lazos comunales frente a la reforma agraria creando solidaridades más estables que las del norte en Azángaro, Melgar y Huancané, zonas netamente quechuas y de mayor movilización campesina en el siglo XIX y XX. Cabe destacar en este sentido que las regiones aimaras tuvieron un papel relevante en las rebeliones de Túpac Amaru II y de Túpac Katari en el siglo XVIII. Durante la guerra contra Sendero ambas regiones, quechua y aimaras, serán las más duramente golpeadas por Sendero, destacándose a pesar de ello por ser bases de férreas resistencias organizadas frente al terrorismo senderista que no dudaba liquidar líderes campesinos opositores a su proyecto. La derrota de Sendero y la debacle del régimen aprista y la Izquierda Unida bajo la descomunal inflación y crisis del Estado populista que apoyaba la redistribución de la tierra y el subsidio agrario (el trapecio andino), descolocaron nuevamente a la región frente a la fugaz oportunidad de ser incorporada en términos de clase a la economía peruana. Su respuesta para la subsistencia con la venia del Estado fujimorista fue el refugio en las actividades ilícitas del contrabando, la minería informal y la producción de cocales y cocaína. 

El fomento de los discursos étnicos locales se convertirá en los últimos diez años en el soporte de la prolongación de actitudes contestarias contra el Estado vacío, que para mayor exceso, abandonó en la década de la democracia aprisionada por los grandes intereses empresariales, especialmente de orden extractivista, a sectores de la población que estaban hacía mucho tiempo desprotegidos. En este escenario la reaparición del Estado impulsor de inversiones en regiones que promoverían supuestamente el desarrollo, actuó otra vez en contra de la inclusión. La promoción para la introducción de nuevas empresas como de la minera Santa Ana,  según se desprende del relato de Uceda, contó solo con el visto bueno de la principal población donde desarrollaría sus actividades de exploración y explotación: Huacullani sin tomar muy en cuenta las fracturas territoriales y los enfrentamientos locales por dirimir a quiénes pertenecían realmente las zonas donde operaría la minera. Dejar la tarea del desarrollo local a la resolución de la empresa para explotar sobre territorios minados por una alta conflictividad era una irresponsabilidad del gobierno central, pero proyectar a partir de ello que la empresa privada produciría una mayor inclusión en la región, no hacía más que confirmar los prejuicios de una clase gobernante que reproducía los viejos escenarios de abandono descritos arriba. Allí donde el Estado no intervenía lo hacían en su lugar los hacendados ganaderos, los mistis de las ciudades o los partidos políticos legales y armados, que sectorizaban a su conveniencia a la población en parcelas propias de su poder, dividiéndola y enfrentándola entre sí, para tener un mejor control de sus dominios. El dejar a la empresa privada encargarse de esa misma responsabilidad es en realidad el colorario de una filosofía de gobierno ensayado desde hacía mucho tiempo.

 La Unión de Comunidades Aymaras

Estas experiencias históricas son las que más han pesado en los eventos de la semana pasada en Puno, para que una vez más la propia población viera como la inserción discriminatoria y jerarquizadora de los beneficios, producida tanto por la inversión privada formal según hemos visto entre las poblaciones aimaras, como de las mineras informales en las zonas quechuas que crean más desigualdad y sobre explotación de los recursos humanos y naturales, reaccionaran frente a un Estado y a sus autoridades regionales, enarbolando sus propios discursos etnicistas y de confrontación violenta. El resultado lógico de ir contra aquellos a quienes han considerado desde siempre responsables de sus infortunios, parece ser la nota dominante con sus muertos y heridos más la destrucción de la propiedad pública y privada. Esto no es más que una de esas historias que se han repetido una y otra vez en esta misma región, como la del asesinato del alcalde de Ilave; o en otras regiones como las masacres en Bagua, las recientes movilizaciones contra la inversión privada y las malas decisiones tomadas por el gobierno alanista con respecto a nuevas universidades. Ellas remarcan solo los puntos sobre las íes de las cosas mal hechas. Cabe resaltar en este sentido, que un discurso étnico nacional, regional o provincial al igual que un discurso político nacional o de identificación con el terruño, la patria, la religión, la cultura, la raza o la lengua no debe necesariamente crear escenarios de conflicto y menos aún pedir sangre de mártires para regar el árbol de la justicia. Por el contrario, los discursos étnicos de la identidad al igual que cualquier discurso debe ser capaz de crear distinciones para establecer mejores tratos, objetivos y reivindicaciones de poblaciones que reclaman por derechos que le han sido negados desde siempre.  En este sentido, el nuevo régimen debe alterar la lógica de la relación con la población y matar de una buena vez el legado del perro del hortelano que ha presidido al agónico régimen aprista.

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LA LEY DE CONSCRIPCION VIAL EN LOS PROGRAMAS DE MODERNIZACION VIAL. LAS ALTERNATIVAS DE UN DESARROLLO TEMPRANO: PERU 1900-1930


Revista Variedades de 1921. Tomado por Alexis León

Por: Mario Miguel Meza Bazán[1]

Resumen

La creación del Ministerio de Fomento en 1896 impulsará políticas coherentes con el desarrollo del país, que buscará satisfacer principalmente los requerimientos de una infraestructura básica de servicios que mejoraran los niveles de vida y de producción de poblaciones hasta entonces abandonadas a su propia suerte. Esta necesidad planteó al Estado cómo localizar los esfuerzos del Estado en proyectos concretos para tales fines. Uno de esos programas, entre los muchos que tenía el Ministerio de Fomento, fue la vialidad en los ferrocarriles, replanteada luego desde un sector de la elite civil en las carreteras. Ambos proyectos fueron dirigidos por los ingenieros y sus cuerpos representativos (Cuerpo de Ingenieros de Caminos; Sociedad de Ingenieros  e inclusola Sociedad Geográficade Lima).

La propuesta de estos cuerpos contemplaba que las carreteras, bajo una política de vialidad, permitirían vincular a las diferentes partes de la nación (económica, social y políticamente) y a la población peruana, que se había mantenido hasta entonces apartada de los proyectos políticos de las elites y el Estado, en protagonista fundamental de estos proyectos de vialidad. La alternativa que manejaban mostraba lo eficiente, barato y, sobretodo, la beneficiosa y activa “participación patriótica” de todos los sectores sociales. Hacer real la aspiración vial del país, según los ingenieros, requería de un dispositivo legal que hiciera efectiva los propósitos de la elite “tecnocrática” por modernizar al país y esta fue la Ley de Conscripción Vial.

Este artículo busca indagar cómo una ley que duró 10 años (1920-1930), se mantuvo vigente en medio de la polémica que generó sobre sus fines y  sus efectos en el proceso de modernización vial, tejiendo en torno a ella toda una política de Estado y fomentó en realidad, debates sobre la modernización de un país y sobre cómo encaminarlo al “progreso”  desde sus propias ventajas y desventajas naturales o lo que Hirschmann llamó las condiciones de partida del desarrollo. En este sentido cabe señalar que el debate  sobre la ley abarcó algo más de las tres primeras décadas del siglo XX.

EL INICIO DE UNA POLITICA DE VIALIDAD

“…la gran cruzada por el gran Perú del mañana. Quién no lo recuerda traiciona el esplendoroso porvenir de la patria. Prestar el contingente de sangre es una obligación ineludible, pero prestar el contingente vial equivale evitar que nuestra sangre corra en los campos de batalla”

 Augusto B. Leguía: “Discurso por el Día del Camino”. 5-10-1928.

Nicolás de Pierola en 1895 sentó como presidente del país las bases de desarrollo en el Perú. Inició de este modo una etapa política dominada por el sector civil de la sociedad en detrimento del sector militarista encabezados por el general Andrés A. Cáceres, el héroe de la guerra con Chile. La alianza de Pierola con sus antiguos rivales civilistas o pardistas, consolidó de este modo una nueva etapa de la historia  llamada “República Aristocrática”, sustentada en un “desarrollo económico” basada en la exportación de materias primas[1].

 Esta política enfatizaba el interés acumulativo de las clases favorecidas con este tipo de desarrollo en detrimiento de otras clases sociales y regiones que tenían poca o mínima participación en el modelo primario exportador impuesto desde  Lima. Los sectores provinciales y regionales, ausentes en los beneficios del modelo exportador y renuentes en la aceptación de esa política hegemónica de expansión y apropiación territorial, trajo problemas complejospara una efectiva redistribución de sus beneficios, reducidos entonces a la costa y especialmente Lima . Pedro Dávalos y Lisson, periodista y empresario de la época, comentaba al respecto que estas inequidades complotaba contra del delicado equilibrio establecido en el país desde fines del siglo XIX[2]. De allí colegía junto a otros intelectuales que la construcción de una sociedad era necesaria bajo una nación moderna [3]. La prosperidad de las regiones dependían de las materias primas y estan eran el principal activo de una economía con la anuencia de las clases dominantes y las elites regionales.

Aunque Pedro Davalos  puntualizó en un extenso  tratado de 4 volúmenes (La Primera Centuria), que las causas del atraso se debían entre estas y otras razones, a los conflictos que separaban a la capital del interior, señaló también que las prácticas institucionales  poco ciudadanas (guerras, golpes de estado, etc) era la que se sobreponía al aspecto económico como causa del atraso. Apuntaba de esta manera a señalar la errada percepción de las elites que priorizaban la protección de sus intereses en el ámbito político antes que efectivizar el progreso por la vía de la productividad económica[4]. De allí que propuso alentar un nuevo tipo de relación entre el Estado y las vastas potencialidades energéticas de una nación  desperdiciada por la negligencia de sus clases dirigentes.

Davalos partía de la idea de fortalecer al país mirando más allá de lo que  podía dar un mercado externo. El sufragio de los gastos fiscales más inmediatos debía rebasar la ayuda de capitales extranjeros. Para él esta dependencia no era precisamente lo que debía esperarse de una sociedad prospera a largo plazo y, menos aún, que satisfaciera las necesidades de  la nación. El salvataje al que los gobiernos podían apelar en un momento de incertidumbre, especialmente ante las deudas que había que reparar luego de un periodo de post-guerra, era un criterio común en la época pero no era una solución viable para el país. La infraestructura productiva debía ser la principal razón de los desvelos del Estado y por ello era necesario crear un ministerio, el de fomento, que debía concentrar los esfuerzos creadores de la nación. Este se creó finalmente el 18 de enero de 1896[5].

El afán  de las elites tecnocráticas especialmente de Lima por encontrar soluciones prácticas  los llevó a crear un Ministerio de Fomento. En sus concepciones este debía ser capaz de superar los obstáculos de la infraestructura cuyos retos principales eran vencer la difícil geografía andina (factor que se arraigaría con más fuerza luego en las estrategias del desarrollo estatal); las divisiones históricas del regionalismo y el caciquismo provincial (que producirían un intenso debate entre modernizadores positivistas e indigenistas); y, las deficiencias de un Estado que aún no dominaba plenamente su territorio (que alimentaría la necesidad de un crecimiento proactivo del Estado). Otros obstáculos como la ausencia de recursos fiscales, derivado de la marginación económica de una importante población rural y campesina, imposibilitaba por otro lado su real y efectiva presencia para impulsar el desarrollo del país mediante la infraestructura vial [6]. En este contexto es que se planteó el papel que debían jugar las vías de comunicación como medios de modernización hasta el punto de dominar el imaginario de la opinión pública nacional, primero en forma de ferrocarriles y luego de carreteras

…La falta de caminos ha sido otra de las causas graves que ha      impedido la fácil explotación de las múltiples riquezas que posee la nación. Ella se ha hecho palpable con más intensidad en los años transcurridos después que terminó la guerra del Pacífico. Ello es natural, estando ahora las fuentes de producción nacional repartidos casi por igual, en la sierra, en la costa y en la montaña. Radicados ayer en el litoral de las perdidas riquezas del guano y del salitre … no se hizo entonces  sensible  como ahora sucede, la falta de vías rápidas y económicas para la extracción de productos de las zonas frías y  la montaña. Consecuencia de nuestra falta de buenos caminos ha sido el atraso en que están hoy las industrias…

“Debido a la falta de caminos la vida social y política de la nación está poco más  o menos que en el tiempo de la colonia. Los pueblos se mantienen aislados. El hombre, especialmente el indígena, no tienen facilidades para viajar y nunca  conoce el resto de la nación en que vive. Esto motiva un provincialismo muy rancio y un caciquismo insoportable

En la administración pública las cosas están en peor condición. Un prefecto nunca puede atender todas las necesidades de su departamento, ni aún lo puede hacer un subprefecto. Por ambas cosas existe en los caciques el afán de obtener los puestos de gobernador o de alcalde  para hacerse dueños de los pueblos en que viven”[7].

La solución al atraso apuntaba a reforzar de este modo la idea de que el progreso del país pasaba por los caminos primero, el ferrocarril  y posteriormente la carretera. En todos los casos la presencia real del Estado en regiones que habían permanecido fuera de su autoridad coronaría su labor progresista en el país. En esta argumentación el énfasis para el impulso de la productividad bajo una integración de la nación a las ideas del mercado, se constituían en la base del discurso económico

 “Destinados a facilitar dentro del organismo nacional, la circulación e intercambio de sus elementos de vida, la buena o mala condición de los caminos tiene que influir directamente sobre el bienestar de la nación y así vemos  a las más adelantadas dedicadas a fomentarlos ingentes sumas y notable de sus energías.

No goza nuestro país en la apertura de sus vías públicas de las facilidades que la naturaleza ha dispensado a otros. Su complicada topografía, si bien lo ha enriquecido con la variedad de climas que él ofrece y la multiplicidad de sus productos agrícolas y mineros, ha acumulado, en cambio, obstáculos a sus comunicaciones interiores, que exigen singulares gastos y una contracción de parte del Estado. Es cierto que su región de la costa posee la vía maritima y la de las selvas los grandes ríos navegables; pero ambas están separadas por las cordilleras y por el colosal laberinto de abruptas serranías, altiplanicies, profundos valles y quebradas que ellas circundan y que constituyen la importante región del interior. El accidentado suelo de esta no solo dificulta que los departamentos interandinos necesitan mantener unos con otros, sino la de ellos mismos con la costa y la montaña, además de interceptar a estas regiones entre sí…[8]

En el imaginario intelectual y político de la opinión pública tanto el reto geográfico como el reto de la integración histórica y política, reforzaron la convicción de que al Perú le rodeaba una particularidad propia que obstruían su progreso como nación. Dávalos como tantos otros ingenieros de la época propusieron entonces que el tipo de soluciones a los que el país debía recurrir debían responder precisamente a los desafíos que este les imponía. Si bien por aquella época la alternativa de los ferrocarriles era la más viable para superar dichas exigencias estas resultaban excesivamente caras. El propio Ministerio de Fomento a través de la Direcciónde Obras Públicas y Vías de Comunicación lo sabían y no podían ofrecer otras alternativas más que la inversión privada como la “The Peruvian Corporation” en la habilitación de las carreteras para el país. Al parecer era impensable que el estado se convirtiese en la propia palanca de un desarrollo vial basado en ferrocarriles[9].  Frente a estas dificultades las elites tecnocráticas o de los ingenieros (haciendo referencia al termino que utilizaban los modernizadores en el México de Profirio Díaz), habían previsto desde el siglo anterior, que la superación de los obstáculos de la inversión directa de capitales, debían apelar a la habitual explotación de la mano de obra local, promovida y coercionada en un contexto rural dominado por grupos terratenientes y densas comunidadades campesinas, por la modalidad contributiva de las mitas y mingas indígenas

 Es seguro que estos trabajos podrían efectuarse rapidamente  y a poco costo, pues además de su carácter provisional, se contaría en el trayecto con el decidido apoyo de las juntas departamentales, de los hacendados y de las comunidades, siempre que se llevaran a efecto en forma metódica  y con la debida decisión y perseverancia”[10]

En esta linea de soluciones al problema de la modernización vial, la solución contemplada muy tempranamente por  muchos personajes de la elite civil en el Perú, se dirigió a afirmar que las condiciones reales de dominación y explotación de la mano de obra rural y campesina, más que una desventaja podía ser en sí misma una ventaja para suplir con facilidad la necesidad de fuertes inversiones en capital monetario. Ellos conocían bien el Perú, lo habían recorrido a pie, en acémila, ferrocarril y automóvil. A Pedro Davalos y Lisson estas experiencias entre el mundo andino y el mundo cosmopólita donde había vivido lo llevó a plantear en 1902, en un pequeño opúsculo llamado “Las Vías de Comunicación en el Perú”, que las potencialidades de los vehículos motorizados que circulaban en las carretereras de otros países, serían muy beneficiosos si estos podían circular en carreteras construidas bajo regímenes de servidumbre campesina. En todo caso afirmaba Davalos que la verdadera obra de civilización que se imponía para un país como el peruano, era la construcción de carreteras por una vía de financiamiento más arcaica, sea para ferrocarriles o mejor aún, para carretereras. En este contexto y siguiendo la misma linea de razonamiento, el presidente de la Sociedad Geográfica de Lima, propuso la misma formula que Davalos en 1912, que la obra de construccción de carreteras para vehículos motorizados sería la obra más relevante para la modernización del país. Carlos Oyague y Calderón en 1915, propuso nuevamente al parlamento nacional y en nombre de una sociedad de ingenieros de Lima, esta formula que luego se convertiría entre 1917 y 1919 en el proyecto de la Ley de Conscripción Vial. lo que no era más que la formalización de un régimen de servidumbre feudal en favor de la modernización vial del país.

 

NACIMIENTO Y ASCENSO DE UNA LEY: DECRETO LEGISLATIVO N° 4113

El mecanismo legal que permitió al Estado peruano canalizar las energías de la población hacia la construcción y mantenimiento de las vías de comunicación, llámese carreteras u obras de infraestructura análogas, no eran nuevos, exclusivos o de invención original en el Perú. Los servicios obligatorios de mantenimiento de los caminos estaban dentro de la ley orgánica de municipalidades en 1857. Esas obligaciones  fueron agregadas o modificados por sucesivas leyes y decretos en los años 1886, 1903, 1911 y en 1917[11]. Países en el área andina como Ecuador lo llamaban desde el siglo XIX Ley del Trabajo Subsidiario[12], y en el siglo XX lo llamarían Ley Vial, nombre que se le dio también en Bolivia en 1905[13].

El debate que se planteó para la Ley de Conscripción Vial el Perú se inició en los diarios en 1915. El motivo fue la necesidad de contar con eficientes vías de comunicación sustentados en caminos[14], un giro decisivo para este debate fue la propuesta del ingeniero Carlos Oyague y Calderón, respaldado por la Sociedad de Ingenieros y un desconocido  partido Unión de Labor Nacionalista. En un folleto de difusión de la propuesta que hizo extensivo hasta el congreso de la república, planteó la necesidad de crear un dispositivo legal que obligase a la población masculina entre los 18 y 60 años a trabajar por un lapso de dos semanas al año, un tiempo estimado como razonable, en los caminos que el Estado dispusiese como importantes[15].

La propuesta fue acogida con cierto entusiasmo entre los medios de comunicación. El diario La Prensa exaltaba la necesidad de tal medio para la prosperidad y el progreso del país[16]; Pedro Davalos en el diario El Comercio manifestó también tal necesidad[17]. La discusión de la propuesta de ley  se hizo esperar en el congreso hasta el 22 de Octubre de 1917, cuando la comisión respectiva dictaminó su pase a discusión en la camara de senadores. Quién presentó el proyecto fue el representante de Piura, un ex ministro de fomento en el gobierno de Eduardo López de Romaña, Enrique Coronel Zegarra.

 El planteamiento enfatizó su mayor atractivo en el ahorro neto que significaba para el fisco el empleo de la mano de obra campesina, especialmente porque no lo consideraba un contribuyente efectivo en la vida fiscal y económica del país. Los cálculos iniciales suponían que la movilización de 28 mil trabajadores diarios constituía un ahorro real de cinco millones de soles [18]. Se le objetaba en cambio que los consejos viales de las regiones, departamentos, provincias y distritos dificilmente se someterían a un Consejo General de Vialidad, conformado por técnicos y especialistas en la materia, para supervisar las obras ejecutadas.  La estructura centralizada propuesto inicialmente en el proyecto de Oyague fue desechado por la opción de las juntas departamentales, las municipalidades y el Cuerpo de Ingenieros, que conformarían después lo que serían las juntas viales. En este contexto se hacía de lado la presencia del Estado, que se quedaba solo con un atríbuto fiscalizador dificilmente aplicable y se repartía el poder de decisión a los poderes de las juntas viales locales.   

Tan pronto se superó el debate puramente económico de la ley emergió una objeción moral y política frente a la misma por quiénes no se mostraban de acuerdo con ella. El 22 de octubre de 1917 el representante de Lambayeque Angel Gustavo Cornejo señaló dos aspectos de la ley que no le parecían de acuerdo al regimen liberal y republicano. Por un lado decía que violaba las libertades individuales establecidas por la constitución y las leyes. Por otro lado señaló que tampoco estaba de acuerdo en el cobro de un impuesto indirecto que a manera de redención del servicio vial, ya se cobraba como un impuesto similar a la contribución directa de  trabajo. En su opinión, el error de este proyecto residía en que la Ley de Conscripción Vial no se diferenciaba de otros servicios similares que ya existían en el país bajo un regimen que la constitución podía reconocer solo en sus costumbres

“una utilización de las prácticas establecidas ya en ciertas regiones del país, donde se utilizan los servicios de los habitantes en las obras públicas, sea apertura de cauces, ensanchamiento, conservación de   acequias, etc. Pero es que se prestan en forma cooperativa”[19]

El senador Cornejo señalaba efectivamente que el carácter inherentemente pragmático y fundamental del proyecto de ley vial, si bien era coherente con las necesidades del país, era profundamente contradictoria con sus aspiraciones republicanas de organización liberal. Restringir las libertades de sus ciudadanos con una ley que les exigía su contribución en fuerza de trabajo o en dinero, aún para quiénes pudiesen pagar sus redenciones de exención al trabajo, era una contradicción aún para la legislación que contemplara esos mecanismos a nivel local. Para quiénes defendían el proyecto la cuestión no planteaba en cambio la defensa de las libertades individuales como un bien supremo, al cual decían no mostrarse indiferentes, sino más bien usar los mecanismos existentes de la exacción de fuerza de trabajo campesino que especialmente se daban como costumbres tradicionales en las comunidades campesinas de la sierra y el área rural de la costa para el mantenimiento de sus propias vías de comunicación. En este sentido, el beneficio de las costumbres locales se dirigirían para satisfacer los requerimientos del país en materia de vías de comuncación

 “Nuestros procedimientos  deberán ser mas o menos originales o ingeniosos; nos valdremos nosotros mismos  de nuestro esfuerzo colectivo, de las costumbres tradicionales, en una palabra de la contribución de todos los que aman su suelo y habitan el territorio nacional…nadie parece darse cuenta que todo este sistema embrionario de comunicaciones que serpentea por cumbres y valles…ha sido implantado, sostenido y conservado por el esfuerzo presente y continuado de la comunidad indígena, es decir por el tributo voluntario y personal del ciudadano.

Aprovechando pues estos servicios establecidos por costumbres tradicionales, organizando paulatinamente los trabajos comunales; encausada la buena voluntad por  medio de leyes suaves y de efectos progresivos, en pocos años se habrían extendido y mejorado las comunicaciones del territorio de tan asombrosa manera que  aún hoy no se puede sospechar. Todo lo hace  el milagro de la organización racional y científica que centuplica los efectos de cualquier esfuerzo”[20].

La utilidad de tales mecanismos “tradicionales” en favor de la modernización de las redes viales tenía además un sentido integrador de país, al hacer  inculcar un sentimiento solidario de nacionalidad entre los campesinos indígenas

“Así pues, la unidad  de nuestro pueblo diseminado en tan vasto territorio, y que por si solo tiene potente coherencia racial para vivir independiente, no debe ser resultado de una anexión de la sociedad indígena, impuesta por la fuerza o la justaposición forzada y a ciegas de colectividades autonomas, sino el resultado de una profunda lenta comunión  entre los individuos de nuestras razas distintas que acaba por darles puntos de semejanzas, acercandolos entre sí, por un lazo más fuertes  que el  de sus propías colectividades originarias…”

Este argumento nuevo en la definición del sentido integrador de una ley, a partir de los poderes virtuosos del trabajo antes que del castigo que rebajaba la  estima y el estatus de las personas, redundaba en favor de un discurso comunitario de una nación inexistente dada la ausencia de vías convencionales de integración formalmente igualitaria por el mercado y el Estado. Las diferentes poblaciones dispersas entre las regiones y no adscritas en la vida pública del Estado peruano, podían encontrar en esta ley una especie de ritualización del esfuerzo colectivo normado legalmente para su reconocimiento dentro de la nación. La Ley de Conscripción Vial se planteaba en estos terminos como un espacio compensador de solidaridades nacionales fragmentadas y violentadas por la geografía y los poderes locales de los mistis y  gamonales 

  …el acercamiento y el olvido, indispensable a nuestro engrandecimiento, lo daría el camino, que extendiéndose y multiplicándose, se convertiría en el lazo material, uniendo a los pueblos de uno a otro confín del territorio. Ayudemos, a que germine y fructifique esta idea; protejamos al indio instruyéndole , inculcándole el deber que tiene de trabajar, para su comunidad primero y para su patria después; enseñemosle que ensanche el sendero que el mismo abrió y que poco a poco se ha de convertir en hermosa carretera y para eso pidamosle los brazos que tiene en lugar del dinero que no tiene . De este modo la costumbre regional  reglamentada se convertiría lentamente en obligación nacional”[21].

Congresistas y elites que apoyaban el proyecto de ley concordaban muy bien con la creencia que tenían sobre los campesinos, y aún sobre la misma población  trabajadora de las urbes, sobre el escaso compromiso que estas tenían con las políticas de Estado tendientes al progreso de la nación. El sentido “cívico” de colaboración, pensaban, no estaba lo suficientemente “desarrollado” entre la población trabajadora y campesina como para que no se les exigiese al menos en esta forma, una contribución en fuerza de trabajo. El representante por Piura, y luego ministro de fomento en el regimen de Leguía, Ernesto Souza, dijo en aquella oportunidad en el congreso

            “Ahora, señor presidente, sabido es que nuestro suelo alberga una población inteligente, patriota, laboriosa, pero que las facilidades de la vida hacen que no se dedique, con la contracción  (sic) con la que podía hacerlo al trabajo privado ni público. A la semana se hacen dos o tres días de fiesta fuera de los reglamentarios durante los cuáles los hombres no saben a que dedicarse y esos individuos que por buenos hábitos que tengan, se convierte en ebrios consuetudinarios…

Mil veces he preguntado a esos ciudadanos (el subrayado es mío)  que era lo que les impulsaba a beber licor con tanta frecuencia y he oído con la más grande sorpresa que es todo una revelación “Bebemos, porque ¿qué vamos a  hacer los días que no trabajamos? En estos lugares no hay teatros, ni conferencias, ni fiestas religiosas, porque el cura viene raras veces y solo por las mañanas, ¿qué vamos  a hacer todo el día? Tenemos que buscar un entretenimiento y esta diversión solo puede darnosla el alcohol y de ahí resulta que nosostros somos alcohólicos  por necesidad”. Pues bien si eso pasa en las poblaciones de la sierra ¿por qué en lugar dejar a nuestros pobladores emplear el tiempo tan desgraciadamente no hacemos que lo empleen en la construcción de las vias de la comunicación que son una necesidad urgentisima e importante?”[22].

La modernización vial debía superar no solo los obstáculos de economías no integradas a un mercado nacional, carentes de una infraestructura mínima para recaudar recursos fiscales, amén de las dificultades de los caciquismos locales y la difícil geografía de los Andes que ampliaba las distancias internas y especialmente con la Amazonía, por entonces considerado el despensero natural del país. Debía introducir simultáneamente un espíritu “cívico” para una población campesina que debía inclinarse para el lado del progreso. En ese contexto se reafirmó que la ley estaba dirigida para este sector de la sociedad que no formaba parte de los ingresos regulares del Estado, que no tenía mayores contactos ni solidaridad con él y al que dificilmente consideraban parte de la comunidad nacional peruana. Paradójicamente las elites políticas, por necesidad o conveniencia, sintieron que estos campesinos eran un activo fundamental en la economía del país, activo por otro lado desperdiciado por su incapacidad para tributar monetariamente al fisco.

La tarea de tributación campesina  sino en dinero al menos en fuerza de trabajo para el país, se convirtió durante el debate del proyecto de Ley de Conscripción Vial, en un fuerte argumento para continuar incorporando regiones tan vitales como el oriente amazónico, proyectado como base de exportación de materias primas del país en el largo plazo. Esta necesidad autoimpuesta en el pensamiento de las elites los impulsó a apostar por una ley vial de doctrinalmente opuesta a los principios liberales de las elites que la promovían. Aplicar una política de vialidad de este tipo presuponía facilitar entonces la integración económica, política y cultural de una población que se esperaba convertir por efecto del trabajo en los caminos en patriotas consumados.

El proyecto de ley fue aprobado finalmente en la cámara de senadores. Su revisión por la cámara de diputados y el poder ejecutivo del gobierno no su dió durante el segundo gobierno de José Pardo (1915-1919).  Su abrupto reemplazo por un súbito golpe de Estado conducido por el candidato opositor al civilismo y ganador de esas elecciones, Augusto B. Leguía, el 4 de julio de 1919, concluyó con la etapa llamada “república aristocrática” . La Ley de Conscripción Vial fue rescatada de manera más entusista por la nueva administración política que dibujó mejor que nadie la justificación de su existencia. El presidente Leguía (1919- 1930) se había mostrado siempre, en realidad desde sus épocas de ministro de Hacienda en la decada de 1900 y en su primera presidencia (1908-1912), como un firme partidario de una política vial agresiva. Para él la base y sustentación de una modernización e incorporación de sectores sociales y regionales apartados hasta ese momento del ámbito del Estado nacional, pasaba necesariamente por una mayor integración física, social y política del país [23].

El golpe de Estado de Leguía no fue en este sentido un episodio más de la truculenta política peruana típica de la república. El proyecto de Ley de Conscripción Vial se barnizó con el carácter modernizador que Leguía le quiso dar a todos sus proyectos políticos. La “Patria Nueva” con que se autodenominó en oposición a la vieja “República Aristocrática”, traía propuestas y prácticas de gobierno que cambiarían efectivamente la fisonomía del país en la siguiente década u “oncenio” de gobierno. La política de vialidad que tanto habían aspirado las elites tecnocratas y el mismo presidente, que cambió su preferencia de vagones y rieles en automóviles y carreteras[24], consolidarón el deseo por construir una sólida red vial basada en una ley como ésta.

El debate se reabrió esta vez ante una nueva cámara de diputados en 1920. Los representantes elegidos comulgaban con el gusto del nuevo gobernante. No pasó nada que hiciese pensar que la propuesta de ley sería rechazada. La Ley de conscripción Vial fue aprobada el 6 de abril de 1920. El diario La Prensa apoyó entonces y como siempre lo había su aprobación. No obstante no todos en la opinión pública estuvieron de acuerdo con su nacimiento.

Dora Mayer, José Carlos Mariategui y el joven Jorge Basadre criticaron entonces el dispositivo legal dado por el parlamento. Éste último enfatizaba lo injusto que resultaba una ley dada por elites urbanas y encaramadas en la cúspide del poder para una enorme población rural que debía soportar ahora un decreto dado con supuestos fines positivos de “progreso”. En opinión de Basadre el contexto social y político por el que se había llegado a tal aprobación de la ley guardaba un cinismo propio de quiénes usaban su poder contra poblaciones débiles e indefensas

Los apologistas de la ley no niegan que el servicio personal se presente como odioso e injusto, que vaya contra disposiciones expresas de otras leyes. Pero olvidan todo ello…para decir que es necesario, que es util. Esta es la sola razón valedera que se desprende de la difusa literatura panegírica de la conscripción vial.

Pero sacrificar todo escrupulo en aras de ese idolo sería reconocer que la necesidad carece de ley, sería reconocer la tesis cuya estigmatización tuvo, hace pocos años, sufragio internacional. El practicismo para la solución de los problemas internos es identico al practicismo para la solución de los problemas exteriores…Las naciones fuertes han atacado siempre a las debiles porque era útil la necesidad de su expansión”[25]

 

El 11 de mayo de 1920 el gobierno de Augusto B. Leguía aprobó la Ley de Conscripción Vial o Servicio Obligatorio de Caminos como el el D.L. N° 4113. El 28 de junio fue publicado en el diario El Peruano. El 3 de setiembre se dio un reglamento provisorio para su funcionamiento, tanto en sus niveles administrativos, en sus recursos materiales y humanos. La Ley disponía en quince artículos que estaban sujetos a ella todos los varones residentes, peruanos y extranjeros, entre los 18 y 60 años, reconocidos sobre la base del registro militar (que los reconocía entre los 21 y 50 años). El resto de la población se inscribiría directamente con las juntas viales. Establecía también que la movilización de la mano de obra en los trabajos convocados por las autoridades  debía llevarse en un periodo de una semana por año entre los 18 a 21 años y de 51 a 60 años,  los de 22 a 49 años trabajarían en cambio dos semanas al año o uno por semestre. Se exonerarían de estas responsabilidades los incapacitados, las altas autoridades políticas y militares, los telegrafistas y los que pagasen una redención equivalente al jornal de un día de trabajo. Las faenas se cumplirían solo en los lugares de residencia de los conscriptos. Para evitar los posibles abusos de las autoridades se daría protección a los conscriptos y se atenderían sus denuncias ante la autoridad fiscal respectiva. Si había la posibilidad de que los conscriptos trabajasen alternativamente en obras de infraestructura, análogas en su importancia al de las carreteras como puentes, acueductos, ferrocarriles, etc. se autorizaría el uso de esa mano de obra bajo la ley.  El Estado concurriría a estos servicios con herramientas, materiales, explosivos, coca y bebidas alcohólicas para retribuir los servicios prestados. La situación de cumplimiento de los conscriptos se certificarían con una boleta vial sellada. La ley sería aplicada y ejecutada como parte de la política vial del gobierno. No se aboliría hasta la caída del regimen lo que no significaba que esta se mantuviera sin dificultades.

 PRACTICA Y SUPRESION DE UNA LEY

El 4 de agosto de 1922 M.D. González, senador por Cuzco, y el senador  Ernesto De la Piedra el 2 de enero de 1923, presentaron de modo independioente, dos proyectos  que contemplaba reformas en dos puntos a la Ley de Conscripción Vial. estos puntos habían sido cuestionados también en el debate de 1917: los excesivos días de trabajo,  a razón de 12 días anuales, pidiendo reducirlos a cuatro días al año. La propuesta del senador De la Piedra pedía además la eliminación del pago por redención, al menos entre los jóvenes de 18 a 21 años.

Los argumentos a favor de las reformas eran contundentes. El principal era su evidente fracaso dado que los que más se beneficiaban de ella eran  los poderosos señores locales, al explotar a su amparo de la misma la mano de obra del campesino indígena[26]. Contra lo que pudiera creerse las reformas fueron aprobadas y el tiempo de contribución al servicio vial se redujo a cuatro días anuales. Se exoneraba también del pago de redención de trabajo vial a los jóvenes de18 a 21 años y de 50 a 60 años.

Este primer éxito de los “reformistas” de la ley no tuvo sin embargo la misma conclusión feliz en el poder ejecutivo y en la cámara de diputados. En la interpelación a José Rada y Gamio, Ministro de Fomento en setiembre de 1925, este ratificó en su integridad la política vial seguida por el gobierno. No mencionó para nada la posibilidad de  reforma de la ley vigente. En enero de 1928, esta misma cámara se preocupó por reforzar más los ámbitos de las juntas viales al ratificar su estructura organizativa y de funciones técnicas centralizadas, poniéndolo bajo supervisión del Ministerio de Fomento. Esta situación era sintomática porque dicha medida no había sido aceptada en el debate de interpelación al ministro en 1925.  El diputado por Tarma dijo entonces sobre las debiles funciones de los empleados del Estado en provincias:

“A menudo vemos en los telegramas de las provincias y los periódicos locales. Que se han empezado los trabajos de carretera tal se han reanudado los trabajos en la carretera cuál, y que estas obras son debidas a las iniciativas del señor diputado o de algún alcalde laborioso, o de alguna agrupación de hacendados o algún gamonal conocido, disfrazado generalmente con el pomposo titulo de presidente de alguna Junta de progreso local; y el ministerio de fomento; como padre amantisimo, atiende todas las solicitudes telegráficas y pedidos presentados, dando auxilios mas  o menos liberales, en dinero, herramientas y explosivos, o enviando algún ingeniero que pasa por los pueblos como un meteoro, porque tiene que desempeñar veinte o más comisiones en lugares distintos; y, cuando ya no tiene como hacer estas cooperaciones, contesta con promesas y buenas intenciones”[27].

La política vial se había constituido en una de las bases fundamentales de la política de desarrollo de infraestructura para el régimen de Leguía. El modelo económico le exigía incorporar regiones ricas en fuentes de materias primas, pero también le exigía mayores gastos financieros y fiscales. Para el primero de los casos pudo recurrir a los prestamos externos en forma incontenible[28]; para el segundo, quedaba claro que ante la imposibilidad de conseguir mayores ingresos, pese al crecimiento económico impulsado por una política de reestructuración y de gasto del Estado, la incorporación del área rural especialmente indígena, se hacía en el corto plazo poco menos que imposible. Solo la Ley de Conscripción Vial en opinión del gobierno, era el único medio para lograr la prosperidad del país y así lo manifestó en su discurso del 5 de octubre de 1928 por el Día del Camino. La ley para entonces se había vuelto en opinión de sectores políticos de oposición y ligados al pro-indigenismo altamente impopular.

Para paliar en parte ambos problemas el gobierno trató de tener un control más estricto de los gastos de las juntas viales. No obstante ellos no podían hacer un efectivo y adecuado cobro del mismo, tampoco lo gastaban convenientemente[29]. La mayor presión a las juntas viales constituidas por las principales autoridades  locales y por los conscriptos y comunidades campesinas[30], generó situaciones insostenibles que hizo indispensable contrarrestarlas con medidas protectoras tales como el reconocimiento constitucional de las comunidades indígenas (1920), la creación de la Dirección de Asuntos Indígenas en el Ministerio de Fomento(1921) y la conformación de un Patronato de la Raza Indígena que contrapesara las exigencias de los funcionarios del Estado y de las autoridades locales frente a las demandas ind´pigenas, especialmente por casos como el la ley vial. Por ejemplo la  resolución suprema del 16 de marzo de 1921, ordenaba  a las autoridades de las juntas no interrumpir bajo ningún motivo, aunque fuese de la ley vial, las labores agrícolas.

Dentro de este contexto el intento por hacer claras las reglas de juego que debían aplicarse en la movilización laboral campesina no prosperarían siempre. Las causas para ello serían muchas, empezando por el sentido mismo de la  ley, puesto que ponía a merced de los poderes locales constituidos a un campesinado, que por muy buenas intenciones de los gestores de la ley o del gobierno, no podía ser sostenido por un Estado institucionalmente debil. El peso de los poderes locales con sus propios intereses en torno a este instrumento normativo les permitía desafíar la voluntad legal del Estado. La ley estaba sujeta a muchos intereses que la hacían inmanejable desde el poder central, sus efectos indeseados no podían ser encausados hacia una política vial responsable .[31]

La impopularidad de la ley se realzó más en un contexto político y social que se fue polarizando más con el tiempo por las acusasiones de corrupción que llovían sobre el regimen. Ese sentido moral con que fue cuestionada la ley en el debate parlamentario resurgió con más fuerza, sea por atentar contra las libertades individuales de los ciudadanos o por expresar el manto de desigualdad que atravesaba al país. Por otro lado se cuestionaba también su poco sentido práctico por sus escasos resultados satisfactorios logrados durante su aplicación. En 1926 José Carlos Mariategui escribía en la revista Mundial

“El simple hecho de que la ley de conscripción vial haya sido establecida en la sierra desde su promulgación, y que su extensión  a la costa haya requerido un plazo de varios años, es un hecho que expresa bien claramente el carácter de ley antiindigena de esta ley que, que de otro lado, no promete resolver el problema de la vialidad…No faltará, tal vez quién, quién defendiendo la conscripción vial, invoque la tradición económica-politica del Perú ¿una vuelta a la mita no es una vuelta a nuestro pasado?¡Qué importa que este pasado sea el pasado colonial!…Que las obras efectuadas distrital y provincialmente mediante este reclutamiento no responden, sino en muy aislados casos, a un criterio técnico; que la ejecución esté subordinado a la ignorancia algunas veces; al interés otras de las gentes inexpertas que las dirigen; que el servicio vial, por consiguiente, representa desde este punto de vista rigurosamente objetivo y utilitario un despilfarro de energía y de trabajo humanos. El desequilibrio entre el esfuerzo y el resultado no puede ser mayor…Contra la conscripción vial se pronuncian por ende la razón moral y la razón práctica. La protesta contra este servicio, o esta mita, plantea además una cuestión de derecho. Una ley necesita reposar en el consenso, o, por lo menos en la tolerancia de la opinión. Y la resistencia a la conscripción vial no deja lugar a dudas sobre el sentimiento público respecto a este servicio”[32]

 Algunas cifras ubican en alrededor de 17,682 klms. de carreteras construidas y remozadas (entre asfaltadas, sin asfaltar y acondicionadas) por el gobierno de Leguía. La inversión de su política vial llegó a  107’616,000 soles [33]. Parte de esa política era D.L. 4113  y el regimen nunca llegó a derogarla.

La crisis mundial de 1929 quitó al leguiísmo su mas firme apoyo exterior encarnado en los Estados Unidos del cuál se declaró su más ferviente admirador. Con este retiro del apoyo norteamericano los deseos del gobierno para proseguir las vastas inversiones en infraestructura vial que tenía planeado se vinieron abajo [34]. El 22 de agosto de 1930 el comandante Luis Sanchez Cerro apoyado por un grupo civil de notables de la ciudad de Arequipa y con el respaldo de la mayoría de la población se sublevó contra el régimen. La consigna enarbolada,  desterrar la corrupción de una tiranía enquistada en el poder, logró hacerse del poder por unos meses. La nueva junta de gobierno reivindicó la abolición de la Ley N° 4113 o Ley de Conscripción Vial, considerada opresiva en su esencia y fiel reflejo de un gobierno a quién combatían como tiránico. Al menos así lo expresaron en el decreto de abolición del 31 de agosto de 1930[35].

Con esta medida se cerraba un ciclo de debates y prácticas de un instrumento  político, legal y técnico que buscó tempranamente la modernización del país y de sus vías de comunicación del modo mas “realista y creativo” con su propia realidad.


[1] Artículo reelaborado del  textooriginalmente presentado para el VIII Coloquio de Estudiantes de Historia de la Pontificia Universidad Católica del Perú realizado en el año 1998. Es parte de la Tesis titulada Caminos al Progreso. Mano de Obra y Política de Vialidad  en el Perú. La Ley de Conscripción Vial. 1920-1930 para obtener el grado de Licenciado en Historia dela UNMSM en 1999.

[1]THORP Rossemary y  BERTRAM Geoffrey, Perú. 1899-1977: Crecimiento y Políticas en una Economía Abierta. Lima. Mosca Azul Edtrs.-Universidad del Pacífico. 1988. Pg. 54

[2] Hacia 1899 Pedro Davalos describía esta situación de precaria estabilidad y que fue presentado por el editorial del diarioLa Ley: P. Davalos. Diez Años de Historia Contemporánea  del Perú. 1899-1908. Lima. Lib. E Imp. Gil. 1930:25-26.

[3] El desarrollo sustentado en el modelo del triángulo sin patas o de la conexión entre capital financiero y comercial con hacendados y terratenientes, que dejaba fuera a la enorme masa campesina sin contacto con el mercado y controlados por elites regionales que lo apartaban del progreso y de la nación.

[4] “Lo esencial no ha sido el trabajo sino las leyes. Hemos creído que la gente no explota el suelo porque la constitución es mala, porque la ley electoral no es perfecta” P. Davalos:La Primera Centuria. Vol. II Lima. 1922. Pgs. 7-8).

[5] LARA, E. G.,  Historia  del Ministerio de Fomento y Obras Públicas. 1896-1936. Lima. 1936. Pg. 28.

[6] CONTRERAS, Carlos, “Modernizarse o Descentralizar.La Difícil Disyuntivade las Finanzas Peruanas durantela Eradel Guano”. En Boletín del Instituto Francés de estudios Andinos. Lima. 2° semestre. 1996. Pgs.125-150.

[7] DAVALOS, Pedro, Las Vías de Comunicación en el Perú. Nueva York. 1902. Pg. 10.

[8] El Comercio 23-8-1912. Carta de M.G.Montero. Presidente dela Sociedad Geográfica de Lima al oficial de

RREE del Gobierno.

[9] GERBI, Antonello, Caminos del Perú. Historia y Actualidad de las Comunicaciones Viales. Lima. 1944. Pg. 60.

[10] El Comercio 23-8-1912. A. Gerbi: Pg.  64

[11] BASADRE, Jorge, “La Conscripción Víal”. En: Revista NOVECIENTOS. N° 1. Lima. Abril.1924. Pgs, 30-31

[12] MOSCOSO, Martha, “Comunidad, Autoridad Indígena y Poder Republicano en el Siglo XIX”. En Revista Andina 14. Cusco. 1989. 1989. Pg. 497

[13]La Prensa 28-12-1915

[14]La Prensa. 1915.  Sección Política de Vialidad.

[15] OYAGUE, Carlos,La Conscripción Vialo Servicio Obligatorio de Caminos. Ideas Generales y Argumentos que pueden servir de base a una Ley. Lima. Sociedad de Ingenieros. 1915. Pgs. 15-17.

[16]La Prensa 15-9-1916

[17] El Comercio  8-5-1916

[18] BASADRE, J. Ibídem Pg. 23

[19]  Diario de Debates del Senado del Perú.1917. Pg. 729

[20] OYAGUE, C. Ibídem  Pgs. 9-11

[21] Ibídem Pg. 19

[22] Diario de debates del Senado. Lima. 1917. Pg. 730

[23] Como ministro del primer gobierno de José Pardo dijo al congreso de 1906 que estaba convencido de que el ferrocarril era le medio mas eficaz de civilización, aún más que la escuela, ya que el contacto con la civilización le crea nuevas necesidades y una nueva conciencia que transmite a sus paisanos, elevando su inferior condición. En J. Reaño  Historia del Leguiísmo. Sus Hombres y Sus Obras. Lima. Edics. Ernesto Balarezo. 1928. Pg. 5.

[24] Ibídem Pg. 103

[25] BASADRE, J. Ibídem Pg. 25.

[26] Diario de Debates del Senado. Lima. Casa Editorial Manuel Moral “La Crónica” y “Variedades”. 1923. 13,16, 20 y 21 de agosto de 1923.

[27] Diario de Debates de Diputados. Lima. 1925. 11-9-1925.

[28] BONILLA, Heraclio, “La Emergencia del Control Norteamericano sobrela Economía Peruana.1850-1930.” En Un Siglo ala Deriva. Ensayos sobre Perú, Bolivia yla Guerra. Lima. IEP. Pg.  102.

[29] PERU, Texto de Leyes del Congreso Nacional. Lima. Lib. E imp. Gil. 1929. resoluciones supremas 30-3-1928 y 18-5-1928

[30] KAPSOLI, Wilfredo y REATEGUI, Wilson, El Campesinado Peruano. 1919-1930. Lima. Seminario de   Historia Rural Andina. 1972. Cuadros 59 y 60.  KAPSOLI, W., Los Movimientos Campesinos en el Perú. 1879-1965. Lima. Edics. Atusparia. 1982. 46-47.

[31] MEZA, Mario, Caminos al Progreso. Mano de Obra y Política de Vialidad  en el Perú.La Ley de Conscripción Vial. 1920-1930.  Tesis en Historia. Lima. UNMSM. 1999.

[32] MARIATEGUI, J.C., “La ley de Conscripción Vial” en Revista Variedades 299. Lima 1926. Pg. 1.

[33]CAPUÑAY, Carlos, LEGUIA. Vida y Obra del Gran Constructor del Perú. Lima. 1951. Pg. 197

[34] DIEZ CANSECO, Ernesto,La Red Nacionalde Carreteras. Lima. Dirección de Vías de Comunicación del Ministerio de Fomento. 1929.

[35] El Peruano 4-9-1930


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